Yerba del Hombre de la Montaña, el Santo Oficio te halló en España. Cáñamos verdes son de alumbrados, monjas que vuelan y excomulgados. Son ciencia negra de la Caldea con que embrujada fue Melibea.

Cuando en 1919 Valle-Inclán publicó esta oda a la marihuana, en su poemario maestro La pipa de kif, aun faltaba una década para que España ilegalizara por primera vez en su historia el consumo del cannabis. El indómito Bradomín aun vivía, y la prohibición fue firmada por el gobierno del dictador Miguel Primo de Rivera, con Alfonso XIII de tiralevitas.

Los felices 20 fueron decenio negro para los fumetas del mundo entero. Tras la Convención Internacional del Opio celebrada en Ginebra en 1925, la criminalización del cultivo, tráfico y consumo de maría se fue extendiendo prácticamente a todo el orbe: “Cáñamos verdes son de alumbrados, monjas que vuelan y excomulgados”.

En 2013, el Uruguay de Pepe Mujica se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y consumo de marihuana bajo supervisión de una agencia gubernamental. En EEUU, ya son siete los estados que han regulado el consumo terapéutico de esta droga. “En España vamos hacia atrás. El gobierno del PP parece dispuesto a criminalizar cualquier avance”, denuncia Javier Puig, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (FAC). “Nos aplican protocolos de tráfico de drogas a grupos de autoconsumidores lúdicos y terapéuticos. Nos han derribado la puerta y nos están ultrajando la intimidad. Eso a nadie le hace ninguna gracia ni le resulta ligero. Y después pasas cinco o seis años pendiente de juicio hasta que te absuelve el juez, que casi siempre nos absuelven”.

Las cannábicas son asociaciones sin ánimo de lucro que facilitan el autoconsumo, entre otras razones, para evitar la inmersión del fumador en el menudeo de las tramas de narcotraficantes. No pueden cultivar, pero sí vender semillas y asesorar a plantadores domésticos. También ofrecen atención a personas enfermas que pueden encontrar en esta droga/fármaco (perdón por la redundancia) un paliativo a su dolor: paradigmático es el caso de miles de enfermos oncológicos que encuentran en el kif el conjuro para enfrentarse a la dureza de las sesiones de quimio y radioterapia.

Por ley, estas asociaciones también están obligadas a instruir y ayudar a adictos en los procesos de desintoxicación. “La nuestra es una labor que cubre las deficiencias de un sistema que da la espalda a esto. Es algo increíble que seamos nosotros, en la medida en que podemos, los que tengamos que estar cubriendo este vacío. Y que nos persigan por hacerlo”, se queja Puig.

La federación que dirige Puig agremia a unos 10.000 socios en toda España. 3.000 de ellos han acudido a los centros de la FAC con intenciones no lúdicas, sino terapéuticas. “A través del consumo terapéutico, se consigue una cierta normalización ante la opinión pública, y eso ayuda a que se pueda reconocer el derecho del consumidor lúdico. Pero no se suele destacar que los usuarios terapéuticos son los principales actores de la pelea que se libra, a nivel mundial, por un tratamiento digno, legal y económico para algunas enfermedades. Ellos son un número mucho más reducido [de nuestros asociados], pero tienen mayor peso específico, porque a ellos se enfrenta un lobby mucho más potente que el policial y el judicial, que es el de la gran industria farmacéutica».

El presidente de FAC también afirma que a día de hoy «es una evidencia científica que la eficacia de los distintos medicamentos derivados que se comercializan, no es la misma que la simbiosis de todos los componentes juntos, que obtienes con el consumo de la planta. La planta es mucho más eficaz y mucho más económica que los medicamentos, y eso es lo que no interesa a las farmacéuticas, que son las grandes enemigas de los clubes cannábicos y de todo lo que huela a legalización”.

La desregulación del sector

La desregulación del sector es tal que ni siquiera existe un registro de asociaciones cannábicas españolas, lo que en ocasiones facilita a los traficantes escudarse bajo su apariencia cándida: Mossos y Vigilancia Aduanera desmantelaron a principios de este año una presunta red, capitaneada por un asesor municipal de Urbanismo de Ciudadanos en Barcelona y formada por ciudadanos serbios, bielorrusos, japoneses y españoles, que traficaba con licencias de apertura y hacía contrabando al extranjero con excedentes de la producción de marihuana de sus centros asociados. Las asociaciones legales denuncian el daño a su imagen que suponen estas suplantaciones delictivas, y consideran que se evitarían regulando esta actividad y sacándoles del “limbo legal”, como lo califica Puig.

Este descontrol ha llevado a la Junta Internacional de Ficalización de los Estupefacientes de la ONU a exigir a España, el pasado mes de marzo, que al menos cree un registro específico para los clubes cannábicos. Denuncian que solo existe en Euskadi. En el resto de comunidades, se diluyen en el registro general de asociaciones.

Toda esta preocupación internacional nace del creciente interés de los cárteles narcotráfico europeos por la marihuana. Las redes y las rutas son las mismas que para cualquiera de las sustancias con las que contrabandeaban antes. Y, aunque los beneficios sean mucho menores, las penas por tráfico de marihuana son también mucho menos severas. Los datos del Plan Nacional sobre Drogas confirman este aumento del tráfico a gran escala de cañamones: los decomisos de marihuana en grandes alijos se duplicaron de 2015 a 2016, pasando de cinco a diez toneladas.

Y, en medio, los clubes cannábicos: “Las propias fuerzas del orden carecen de un protocolo de actuación adecuado con nosotros”, denuncia Puig. “Y en el aparato judicial pasa lo mismo. Es todo muy etéreo y muy ambiguo. Estamos en una zona de indefensión. Nos aplican protocolos de tráfico de drogas a grupos de autoconsumidores lúdicos y terapéuticos. Se siguen criterios, si no arbitrarios, sí bastante dispares. Nuestra suerte depende de la ideología del juez o del territorio en que seamos juzgados”.

Los procesos judiciales van de «tres a diez por año»

Asegura Javier Puig que esta situación se agravó desde la entrada en 2015 de la nueva y polémica Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza). “Los tratados internacionales aclaran que hay que priorizar la persecución del traficante y no la del consumidor. En este país, con la ley de seguridad ciudadana de hoy, el 95% de las intervenciones de cannabis penan el consumo y solo el 5% el tráfico. En 1995, eran el 40% por tráfico y el 60% por consumo. La esencia de la ley no se está cumpliendo”.

FAC no lleva la contabilidad de los procesos judiciales que acumulan anualmente sus miembros. “Pero hay asociaciones que pueden tener tres, siete o diez juicios cada año. Cualquier proceso se puede ir a los 5.000 o 10.000 euros, depende de los recursos que tengas que interponer”. Además, en cualquier operación de este tipo también se decomisa toda la infraestructura: “Se llevan cosechas enteras, instalaciones, todos los aparatos de cultivo, que cuestan bastante dinero… Supone un palo grandísimo y no tenemos donde reclamar”.

Por último, destaca Puig el beneficio fiscal que supondría para los españoles aflorar todo el dinero negro de las tramas de tráfico de marihuana: “Se habla de unos 1.000 millones. Solo aplicando el IVA, ya van unos 200 millones a las arcas del Estado, aparte del dinero negro e ilegal que se deja de mover”.